A las 7 menos cuarto de la mañana una importante dotación de la Policía Nacional se presentó en calle Orense donde hasta ese momento residía Esperanza y sus tres hijos, en un piso ocupado de SAREB (el banco malo). Bloquearon el acceso a la calle, apartaron a empujones a los 5 activistas que hacían el turno de la madrugada y los retuvieron e incomunicaron en un garaje situado frente a la vivienda de Esperanza. Además, impidieron el acceso a la plataforma para intentar realizar una última interlocución con el procurador de SAREB. No les faltó ningún detalle, incluido el traslado de mandos policiales para supervisar la “limpieza” de la operación. Y si fue limpia: una limpieza de derechos en toda regla. Un servicio bochornoso de Pilar Alegría (Delegada del Gobierno) al SAREB, poderes del estado y a administraciones públicas que miran hacia otro lado a pesar de sus obligaciones legales como Gobierno de Aragón. Somos un movimiento pacífico, reclamamos a la Delegación del Gobierno que cese su hostilidad hacia la solidaridad popular, máxime cuando esta es el producto desesperado del fracaso de las propias instituciones.
El pasado 26 de junio, se paralizó el primer intento de desahucio de Esperanza. Era el primero que se producía en Aragón en el que intervenían las plataformas y la participación fue importante haciendo que la Delegación del Gobierno renunciara a la ejecución del mandato judicial de desahucio. Pero poco duró la alegría para Esperanza y el resto de familias de nuestra plataforma. El 29 de junio el Juzgado de Instrucción Nº4 de Zaragoza, volvió a señalar fecha de desahucio y esta vez con una horquilla de 10 días para su ejecución (del 1 al 10 de julio). Una rapidez y un ensañamiento que no habíamos visto nunca, y recordamos que Stop Desahucios pronto cumplirá 10 años de actividad en la ciudad. Días y días de incertidumbre y terror, desvelos, mucho esfuerzo popular para cubrir turnos y acompañar a Esperanza.
Para mayor vergüenza, Esperanza tenía un acuerdo de realojo con SAREB auspiciado por la Oficina Municipal de Vivienda (Zaragoza Vivienda). Un acuerdo que salta a la vista que han despreciado demostrando que además de ser el banco malo, es el “banco sin palabra”. Claro que resulta más sencillo faltar a la palabra cuando el Ayuntamiento de Zaragoza liquidó la Oficina de mediación en enero de 2020, dejando desnudas a cientos de familias que hacían uso cada año de estos servicios para evitar desahucios y alcanzar soluciones.
Ayer lloramos de rabia
Para nosotros ha sido horrendo asistir a una violación de los Derechos Humanos que ha contado para su “perfecta” culminación con el concurso imprescindible del poder judicial y la Delegación del Gobierno. A Esperanza le han fallado todas las administraciones y poderes públicos. Es horrible. Pero ayer no solo desahuciaron a Esperanza, también Husein y Amira perdieron su vivienda de alquiler en calle Santander. Ambos casos fueron visualizados por Stop Desahucios, con días suficientes para que tuvieran una respuesta adecuada y urgente por parte del Gobierno de Aragón. Respuesta adecuada y urgente que además es un derecho de todas las familias vulnerables residentes en Aragón tal y como describen el punto 19.1 y 19.2 de la Ley 10/16.
Ayer lloramos de rabia, varias veces. Lo venimos advirtiendo desde el comienzo de la pandemia. Explicamos en su momento que el Decreto del 31 de marzo dejaba fuera una buena parte de las situaciones de pérdida de vivienda habitual (como demuestra lo ocurrido ayer por partida doble). El 4 de junio en una acción conjunta a nivel estatal, realizamos acciones y concentraciones en las puertas de los juzgados para denuncian que se reactivaba la actividad judicial sin existir una moratoria de desahucios real y efectiva. Después hemos continuado insistiendo y como decíamos visibilizando que en nuestra asamblea se suceden las fechas de desahucios, así como las situaciones que pueden desembocar en la pérdida de la vivienda habitual.
Como decíamos ayer fue un día negro para los Derechos Humanos en Aragón. Los desalojos forzosos sin alternativa habitacional deberían de avergonzar una a una a las personas que desde sus responsabilidades los permiten e incluso ejecutan. Les recordamos a los poderes del estado que en distintas ocasiones las Naciones Unidas han declarado que el desalojo forzoso sin alternativa habitacional constituye una violación de los Derechos Humanos. Les recordamos a las administraciones públicas aragonesas, a la Delegación del Gobierno y al poder judicial que están saltándose las leyes aragonesas vigentes desde el 2016 que protegen a las familias aragonesas de estas situaciones. Y además lo hacen para amparar la violación de los Derechos Humanos. Hablamos de vidas en juego.
Fotografía de Cris Aznar. crisaznarfotografia@gmail.com
Aragón sin desahucios.
En medio de esta situación, realizamos el pasado 30 de junio una llamada a todos los grupos representados en las Cortes de Aragón para mantener una reunión urgente. Aragón dispone -como decíamos- de leyes en vigor que entre otras cuestiones garantizan la alternativa habitacional o que permiten a la administración aragonesa desarrollar la “cesión obligatoria” -cesión de uso- de las viviendas vacías en manos del sector financiero procedentes de ejecuciones hipotecarias. No podemos entender como existiendo herramientas legales, y pese a nuestras advertencias desesperadas, se puedan producir situaciones como la de Esperanza y todas las que están por venir.
Realizamos el llamamiento directamente a los grupos del legislativo aragonés, precisamente porque fueron Las Cortes las que decidieron de forma mayoritaria poner en marcha la Ley 10/16 de acuerdo a una parte importante de las reclamaciones de las plataformas aragonesas de vivienda y al “compromiso Aragón Sin Desahucios 2015”. Y no es de recibo este socavamiento de la voluntad popular cuando hablamos precisamente de derechos básicos para una vida digna. ¿Aquí solo se cumplen las leyes cuando benefician a los de siempre?
Tres grupos han respondido a nuestra petición de llamada.
Al llamamiento solo han respondido hasta ahora los grupos en las Cortes de Aragón de Podemos, Izquierda Unida y en el día de ayer Chunta Aragonesista. Es necesario recordar que Podemos y Chunta Aragonesista forman parte del ejecutivo, y que los segundos dirigen las políticas de vivienda del gobierno aragonés. A los grupos les estamos pidiendo algo tan simple como un compromiso para que las Cortes de Aragón insten al Gobierno al cumplimiento de la norma aragonesa 10/16, así como reglamentar aquellos artículos como el 24 que permitirían a la administración aragonesa dotarse de vivienda como ya hemos explicado. Y también, en consecuencia, para cumplir dichas normas debería de multiplicar los recursos económicos orientados al aumento del parque público aragonés de vivienda. No estamos pidiendo nada que no haya sido refrendado por la cámara aragonesa y ratificado por la mayoría de las fuerzas del gobierno aragonés (PSOE, Podemos y CHA) cuando se comprometieron en 2015 al desarrollo de dichas normas.
El 2 de junio nos reunimos con Marta Prades de Podemos. El 3 de junio con Álavaro Sanz de Izquierda Unida. Y ayer, en el peor día posible, con Isabel Lasobras de Chunta Aragonesista. Tanto Izquierda Unida como Podemos se comprometieron a defender la aplicación de la 10/16 y por tanto el respeto de la alternativa habitacional entre otras cuestiones. Y ambas formaciones han realizado posiciones públicas en este sentido, tal y como demandábamos como primer paso para lograr el que pensamos debería de ser un objetivo del conjunto de la sociedad aragonesa. La respuesta de Chunta Aragonesista esperamos se produzca antes de que termine la semana.
El resto de grupos aún no han contestado a nuestra llamada “de última oportunidad”. Recordemos que hablamos de vidas y personas. Especialmente nos preocupa el silencio del PSOE y el PAR, ambas fuerzas de gobierno. Y en concreto no podemos entender como el PSOE con su presidente Lambán a la cabeza no son capaces de responder a nuestra llamada desesperada.
Volvemos a reiterar a los grupos que aún están ante la posibilidad de asumir su responsabilidad. Pero que con los Derechos Humanos no se negocia, y que ya les hemos anunciado que la semana que viene comenzaremos una campaña de movilización para exigir al Gobierno de Aragón el cumplimiento inmediato de la Ley 10/16 que garantiza la alternativa habitacional de todas las familias aragonesas vulnerables. Así como prometemos señalar directamente a los y las responsables de las vulneraciones de los Derechos Humanos.
Próxima reunión con Gobierno de Aragón
Hasta ahora nos resulta imposible la interlocución con el departamento que dirige Pepe Soro y que a través de la Directora General de Vivienda, Verónica Villagrasa, dirigen las políticas de vivienda del Gobierno de Aragón. No se contestan llamadas, se niega información sobre los casos de familias de la plataforma y lo que fue un relación fluida durante el anterior mandato se ha convertido ahora en desprecio, así lo sentimos.
No entendemos como una Directora General que no nos coge el teléfono, puede permitirse “vacilarnos” en las redes sociales hablando de su disposición a reunirse… Pero es incapaz de llamarnos o mandar un correo especificando fecha, hora y lugar.
Ante la falta de propuestas formales, hoy mismo hemos mandado un correo para solicitar una reunión con Pepe Soro y Verónica Villagrasa. Que ha sido contestado excusando al Consejero y citándonos entre mañana y pasado. Está pendiente nuestra confirmación de día. Aunque nunca despreciamos reunirnos con nadie, y estaremos encantados de reunirnos con Verónica Villagrasa creemos que la gravedad de la situación haría aconsejable la presencia de Pepe Soro. Solo aceptaremos una respuesta en la reunión: el compromiso del Consejero de aplicar las normas aragonesas, así como responder de los últimos dos desahucios sin alternativa habitacional proporcionando una solución estable.
Decreto Stop Desahucios
Ayer la PAH lanzó su campaña por el “Decreto Stop Desahucios” para exigir al Gobierno de España la urgencia de decretar una moratoria efectiva y real para todo tipo de desahucios de familias vulnerables. Y esta moratoria debería de extenderse hasta que las administraciones públicas sean capaces de garantizar el derecho a la vivienda. Las medidas tomadas hasta ahora son parciales y dejan desprotegidas precisamente a las familias más vulnerables, así se lo hemos recordado una y otra vez hasta llegar a casos como el de Esperanza o el de Husein y Amira. Ellos son solo un símbolo, detrás hay miles de familias en su misma situación.
Stop Desahucios Zaragoza se suma a la campaña y tratará de confluir con el resto de plataformas para lograr esta medida imprescindible. Como al Gobierno de Aragón les recordamos: hay vidas en juego.
STOP DESAHUCIOS ZARAGOZA 