Más de 100 personas se unieron en la calle Orense del barrio de Torrero dispuestas a evitar el desahucio de forma pacífica.
Finalmente SAREB, ante la magnífica respuesta popular, renunció al desalojo que estaba previsto realizarse por la fuerza a las 11 de la mañana.
La plataforma denuncia la actitud de las administraciones públicas, anunciando estar dispuesta a movilizarse y señalar a los responsables.
“Me he visto muy arropada por todos, os lo agradezco en el alma. Nos tenemos que unir y ayudar a otras personas que están igual que nosotros.” Así se expresaba Esperanza, ayer 26 de junio, cuando fue consciente de que había conseguido quedarse en casa -junto a sus tres hijos- gracias a la movilización y organización social. La unidad familiar reside en una vivienda ocupada de la SAREB, el conocido con razón como “banco malo”. Lo hacen junto a otras 3 familias vulnerables que no tienen donde ir. Como muchas otras, tienen imposible el acceso a una vivienda de alquiler al no cumplir las garantías exigidas (contratos fijos, nóminas de determinada cantidad, etc.). Al mismo tiempo las administraciones no se toman en serio lo de aumentar el parque de vivienda pública. ¿Dónde pretenden que viva ese número creciente de gente excluida del “mercado”?
Esperanza en estos momentos queda expuesta a una nueva ejecución. Solo hay dos alternativas: o regularización de las familias con alquileres sociales o la dotación de alternativa habitacional para las 4 familias que habitan el bloque. SAREB tiene que sentarse de nuevo a negociar con la plataforma y las administraciones públicas deberían no fallarle a Esperanza una vez más.
Las administraciones públicas están sordas.
Lo veníamos avisando desde el comienzo del confinamiento: si no se decreta una moratoria real y efectiva de los desahucios de familias vulnerables se produciría un tsunami de desalojos forzosos. A las miles de familias aragonesas que ya enfrentaban problemas de vivienda antes del coronavirus, ahora se sumarán otras muchas al perder sus empleos o cerrar sus pequeños negocios. Las perspectivas no eran buenas y exigían una actuación a la altura de las circunstancias por parte de las administraciones públicas. Es evidente… No están a la altura de ese “nadie se quedará atrás” que lanzó Pedro Sánchez al comienzo del Estado de alarma.
El 4 junio, el día que se retomaba la actividad judicial, junto al Plan de Choque Social y otras plataformas como las PAH o los sindicatos de inquilinos, denunciamos esta situación y exigimos frente a las sedes judiciales una moratoria efectiva de desahucios. No fuimos escuchados, ni escuchadas. Tampoco lo fuimos cuando nuestra plataforma en Abril señalaba que el Decreto del 31 de marzo del Gobierno de España era excluyente y circunscrito a situaciones sobrevenidas por el confinamiento. Ya explicamos que una mayoría de las familias que enfrentan procesos de pérdida de su vivienda habitual no encontrarían protección de estas normas. Como dijo Concha Cano, portavoz de la plataforma, el pasado viernes en la calle Orense: “Lo que se ha paralizado ha sido la justicia, no los desahucios”.
Aún más sordo se ha mostrado el Gobierno de Aragón, que no ha variado ni un ápice su errática política de vivienda. Aragón dispone de normas y leyes (como la Ley 10/16), que entre otras cosas obligan a las administraciones públicas aragonesas a dotar de una alternativa habitacional en caso de desalojo judicial forzoso. Pero en lugar de eso, el Gobierno de Aragón continúa aplicando un “convenio” creado por Rudi (¡En el 2012!) que ni tiene rango de Ley, ni garantiza derechos. Es curioso como funciona el gobierno de Lambán y sus socios: si las normas benefician a los de abajo directamente no se aplican, aunque sea conocido el sufrimiento que generará dicha actitud. Algún día alguien tendría que responder política y judicialmente por no aplicar leyes de forma continuada y consciente con un alto coste en vidas rotas.
Esperanza, la primera de muchas.
Esperanza ha experimentado en sus carnes el desenlace que provoca la actuación de las administraciones públicas y poderes del estado. Ninguna medida estatal le protege. Gobierno de Aragón le dice directamente que no le atienden “por ocupa”. La guinda la pone un Ayuntamiento de Zaragoza que ha desguazado las políticas de vivienda y entre ellas los programas de mediación que habían facilitado un acuerdo entre Esperanza y SAREB.
En nuestra plataforma se acumulan las familias con procedimientos abiertos, algunos con fechas señaladas. Desgraciadamente Esperanza, es la primera de muchas como venimos advirtiendo. En el corto plazo destacan dos colectivos en nuestras últimas asambleas: el de afectados por los actos de piratería de Ibercaja que ha traspasado sus activos a fondos buitre y especuladores locales dejando a las familias a su merced; y un grupo importante de familias refugiadas sirias que han sido abandonadas por las instituciones en viviendas de alquiler particular que no pueden pagar.
Pararemos vuestros desahucios. Os señalaremos.
“A la fuerza ahorcan”. Seguiremos parando desahucios y haciendo lo que deberían de hacer los poderes públicos para evitar la vulneración de los derechos humanos. Pero lo haremos mientras señalamos a los responsables del sufrimiento que generan los desahucios y si las administraciones no saben responder a la emergencia habitacional, no deberían hacer recaer su incapacidad sobre las espaldas de las familias más vulnerables. Por ello exigimos que se tomen medidas de mínimos, irrenunciables e indispensables como la moratoria de desahucios de familias vulnerables o que se cumpla la Ley 10/16 aragonesa y se de protección a las situaciones de pérdida de vivienda habitual.
Por ello realizamos un llamamiento a la ciudadanía para movilizarse por el derecho a la vivienda y por los derechos sociales en su conjunto. Así como invitamos a todas las familias con problemas para mantenerse en su vivienda para que acudan a nuestras asambleas en la calle, en las que practicamos la asesoría colectiva, el apoyo mutuo y en las que prepararemos una amplia movilización para frenar la curva de la “otra pandemia”: la de los desahucios y la desigualdad social.
STOP DESAHUCIOS ZARAGOZA 