Sin parque público de vivienda no se solucionará el problema habitacional.

Stop Desahucios Zaragoza convoca el próximo lunes (14 de febrero a las 10.30 am) una asamblea frente al Gobierno de Aragón (edificio Pignatelli) para visibilizar el incumplimiento y la falta de compromiso político para garantizar la alternativa habitacional.

Comunicado de Stop Desahucios Zaragoza.

Vamos a alcanzar los dos años desde que el Gobierno de PSOE Y Unidas Podemos anunció «el fin de los desahucios». Sin embargo, como en tantas otras cosas, han prometido más de lo que quieren hacer. Esto es así porque en ese mismo año hubo en España 29.406 desahucios, lo que significa que 80 familias se quedaban en la calle cada día. Tras el escudo social, en 2021 los desahucios han superado a los del año pasado, aun faltando por saber las cifras del cuarto trimestre.

Esta realidad también afecta a Aragón donde en 2021, año estando vigente el escudo social y la prohibición de los desahucios vemos como cada día se echaban a más de cuatro familias a la calle. Frente a esto el autodenominado «gobierno más progresista de la historia» ha rechazado la propuesta de ley realizada por las plataformas de vivienda para crear su propia ley que no plantea ninguna solución real a la crisis habitacional que estamos viviendo, y que explotará con la retirada de la moratoria de desahucios a familias vulnerables el próximo 28 de febrero. Limitándose el Gobierno a publicar el nuevo Plan estatal de vivienda, que depende del desarrollo de un nuevo Plan Autonómico de Vivienda, cuyo desarrollo sabemos por experiencia va para largo, donde el mayor logro es dar compensaciones económicas a los grandes propietarios y bancos para que pongan a disposición viviendas en régimen de alquiler social. También dos programas destinados a dotar de vivienda en casos de desahucios, violencia de genero, sinhogarismo en personas especialmente vulnerables que se desarrollará «mientras exista dotación presupuestaria» y con criterios de vulnerabilidad de las diferentes comunidades autónomas.

Esta falta de voluntad política podemos comprobarla con el caso de la Sareb donde el Estado ha asumido la titularidad del «banco malo», mientras sigue llevando a cabo procesos de desahucios como el caso de Carmen o Sandra Gutierrez o retrasa de forma negligente la conclusión de un alquiler social para Esperanza.

El Gobierno de Aragón, con PSOE, Podemos a la cabeza y CHA como responsables del área de vivienda no han actuado de forma muy distinta. La solución propuesta para paliar la problemática de vivienda pasa por construir habitaciones de 18,5 metros cuadrados en la Expo por 335 euros al mes donde «los jóvenes» tendrán cocinas y baños comunes, añadiendo una situación de hacinamiento a la situación de precariedad laboral que deben de soportar.

Todos estos modos de actuar nos hacen ver que no existe una voluntad real de acabar con el problema de la vivienda sino más bien garantizar que los beneficios de la banca y grandes empresa sigan aumentando mientras a las clases más desfavorecidas les quitan los derechos más básicos, como es el de la vivienda. No existe voluntad de atajar el problema de vivienda porque desde el gobierno de Aragón no se ha querido aplicar la ley 10/16 que podría dar una solución efectiva a la crisis de los desahucios, llevamos desde 2016 esperando el registro de vivienda vacía de los bancos que prevé la Ley 10/2016, tampoco ha existido una voluntad de escuchar al movimiento de vivienda Aragonés pues la única contestación frente a las dos concentraciones ha sido el silencio absoluto.

El problema fundamental de la crisis de habitacional que estamos viviendo y que explotará el 28 de febrero, está en que no existe un parque público de vivienda y no hay una solución a corto plazo que garantice el derecho a la vivienda, es por ello que no le queda otra opción tanto a la DGA como al Ayuntamiento de Zaragoza que la de seguir el ejemplo de otras ciudades del Estado donde las administraciones han recuperado paquetes de pisos de las entidades bancarias para destinarlos a la ampliación del parque público de vivienda pudiendo ofrecer así un alquiler social y una alternativa habitacional digna para los sectores más desfavorecidos.