Puedes ver aquí el nuevo reportaje «Un Gobierno sin alma» de la fotógrafa documentalista Cris Aznar
El 7 de julio fue un día que hemos definido como de “la vergüenza”. En un mismo día dos familias de la plataforma (la de Esperanza y la de Husein que suman 6 menores a cargo) perdieron su vivienda sin alternativa habitacional pese a lo previsto en los puntos 19.1 y 19.2 de la ley aragonesa conocida como “10/16”. Ambos puntos dotan de protección a todas las familias vulnerables garantizando alternativas en todos los casos de pérdida de vivienda habitual. De hecho el 19.2 fue redactado precisamente para proteger a las familias en exclusión residencial que no tienen contratos de alquiler ni títulos de propiedad como le ocurre a Esperanza y sus tres hijos menores.
También tenemos que denunciar el uso torticero que la Dirección General de Vivienda realiza de los realojos: a Husein le ofrecieron una vivienda fuera de Zaragoza pese a todas las recomendaciones de no romper el arraigo escolar, familiar y social de la familia. Además de la ausencia de carnet y vehículo familiar. Les obligaron a renunciar, en una decisión complicadísima para la familia y sin ningún sentido. Recordemos que Gobierno de Aragón mantiene más de 10 viviendas vacías en Zaragoza (cedidas por Zaragoza Vivienda). Es inaceptable para la administración que ostenta las competencias en materia de vivienda.
Recordamos a las Administraciones Públicas que la ONU ha declarado en repetidas ocasiones que los desahucios sin alternativa habitacional adecuada son una vulneración de los Derechos Humanos. Que detrás de los desalojos forzosos hay vidas rotas e incluso personas que han decidido terminar con ella fruto de la desesperación. El terror e incertidumbre que han sufrido (y continúan sufriendo) las dos familias, como la que están pasando otras muchas, es inaceptable para cualquier persona con un mínimo de sensibilidad.

Pepe Soro no asiste a la reunión.
Ayer por la mañana (9 am) tras solicitud de la plataforma, hemos tenido una reunión con la Directora General de Vivienda del Gobierno de Aragón, Verónica Villagrasa. Aunque la solicitud era dirigida también al máximo responsable de las política de vivienda (el Consejero de Vertebración Pepe Soro), este declino asistencia. Claro, nos convocaron el mismo día que hay pleno en Las Cortes de Aragón… ¿No hubiera sido aconsejable convocarnos el lunes mismo (o días anteriores que tiempo han tenido) con presencia de Pepe Soro? ¿Era recomendable que la delegación la encabezara quién había polemizado con la plataforma en redes? No reconocemos a Chunta Aragonesista en el trato que nos dispensa desde el Gobierno de Aragón y el comportamiento insensible (cuando menos) demostrado las dos últimas semanas.
Es necesario recordar que en paralelo Stop Desahucios ha solicitado reuniones de urgencia a los grupos de las Cortes de Aragón. La terrible situación que se esta creando con el retorno inusitado de los desalojos forzosos necesita que las administraciones públicas y sus representantes cumplan con sus responsabilidades y obligaciones. Respetar los Derechos Humanos debería de ser la primera.
La delegación para la reunión con la Dirección General de Vivienda de la plataforma la encabezaban Husein y Esperanza. La plataforma hemos realizado tres peticiones no negociables, sencillas de cumplir y con las que PSOE, Podemos y Chunta Aragonesista se comprometieron ya en 2015 (junto a otras fuerzas como Izquierda Unida, Puyalón o FIA).
1. Qué el Gobierno de Aragón se comprometiera en aplicar el 19.1 y el 19.2 de la Ley 10/16, en lugar de aplicar el restrictivo Convenio (Gobierno de Aragón-CGPJ-FAMCP) del Gobierno de Rudi. Ambos puntos obligan a las administraciones públicas aragonesas a dotar de alternativa habitacional a todas las familias vulnerables que enfrentan desalojos forzosos (judiciales).
2. Qué el Gobierno de Aragón se comprometa en reglamentar el punto 24 de la Ley 10/16, que habilita la “cesión obligatoria” de los pisos del sector financiero que procedan de ejecuciones hipotecarias. Un punto clave para dotarse de viviendas para resolver (en parte) la emergencia que estamos viviendo que amenaza con profundizarse.
3. Que se diera respuesta (alternativa habitacional) a las familias de Esperanza y Husein. Recordamos que suman 6 menores de edad a cargo y fueron desalojados judicialmente el pasado 7 de julio.
Ninguna respuesta a nuestras exigencias de mínimos.
Ninguna de las tres peticiones ha sido aceptada, solo hemos encontrado terribles justificaciones que implican la visión más restrictiva del ordenamiento jurídico y por supuesto contraviniendo lo estipulado en la Ley aragonesa 10/16 respecto al derecho a la alternativa habitacional (derecho de las familias aragonesas vulnerables).
Respecto al punto 24 (referente a la “cesión obligatoria” de los pisos de las entidades financieras procedentes de ejecuciones hipotecarias), nos han planteado que lo podrían reglamentar (quizás) dentro de un “año y pico” o dos “años y pico”, es literal y una burla a las necesidades sociales. También a la propia norma y los compromisos de Chunta Aragonesista. ¡La norma lleva vigente más de 4 años!

Ninguna solución para Esperanza y Husein.
Tampoco han ofrecido ninguna solución habitacional para Esperanza y Husein. A Esperanza se niegan por “ocupa” y a Husein solo le dan vivienda si se marcha de Zaragoza (nada que ver con la “atención integral” que promulga en Twitter la Directora General). Recordamos que la ley 10/16 en sus puntos 19.1 y 19.2 protegen ambas situaciones.
Nuestro tono, es verdad, ha sido bronco. Nos hemos enfadado, hemos gritado y hasta nos hemos emocionado. Una vez más han caído lágrimas de nuestros ojos, antes, durante y después de la reunión. Estamos desesperados y desesperadas, tantos las familias afectadas como los y las activistas. No podemos entender tanto desprecio de las Administraciones Públicas hacia las familias más vulnerables, mientras se hace el trabajo sucio al SAREB, las entidades financieras, los fondos buitre y los especuladores.
No nos podemos permitir una negociación vacía. Y mucho menos que se falte a la verdad y al respeto que merecemos. No podemos negociar los derechos humanos y pedimos honestidad a las personas que ejercen su interlocución con la plataforma y las familias. Tampoco estamos en disposición de negociar lo que son derechos de todas las familias aragonesas. O se dan soluciones, o no se dan. O se cumple la 10/16 o no se cumple.
Verónica Villagrasa debe de dimitir inmediatamente.
La frialdad de la Directora General, así como el desprecio demostrado a la plataforma y a las familias (tanto en redes sociales como en la propia reunión) nos obliga a pedir su inmediata dimisión. No podemos permitir en estos momentos tan duros una administración aragonesa que nos niega la interlocución e incluso la información sobre las situaciones de las familias organizadas en la plataforma.
Y hacemos un llamamiento a Pepe Soro, el Consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, para que asuma la responsabilidad de dar respuesta a la plataforma y las familias. Aún está a tiempo de rectificar e incluso de convocarnos a una reunión (que solicitaremos, aunque pensamos que no debería de ser necesario ante la gravedad de lo sucedido). Esperanza, Husein y el resto de familias confían en ello.

Señalaremos a los y las responsables
Esta semana termina el plazo a los grupos de las Cortes de Aragón y al ejecutivo aragonés para que no permitan más vulneraciones de los Derechos Humanos. El próximo martes (19 h) la plataforma realizará una asamblea en el Anfiteatro de Echegaray Caballero (al lado del Náutico) a las 19 horas para arrancar una campaña de movilización que pretende lograr una Aragón sin desahucios y señalar a quiénes los amparan y permiten desde las administraciones públicas aragonesas aún contando con herramientas legales para impedirlo.
También nos sumaremos a la campaña estatal por un “Decreto Stop Desahucios”, la manifiesta incapacidad de las Comunidades Autónomas en dar respuesta a la situación, obligan al Gobierno de España a establecer una moratoria real de desahucios de todas las familias vulnerables (ya viene tarde para Esperanza y Husein). Y debería durar hasta que las Comunidades Autónomas sean capaces y muestren la voluntad de ejercer sus competencias en favor de las familias más vulnerables que son las primeras que están sufriendo el arranque del tsunami que en materia de vivienda se está desarrollando a lo largo de todo el estado.
Hacemos un llamamiento a los vecinos y las vecinas de la ciudad para que participen en tantas acciones, como movilizaciones, que proponga Stop Desahucios y el resto de plataformas por el derecho a la vivienda. Es posible y de justicia: queremos un Aragón sin desahucios.