Podemos e Izquierda Unida se comprometen a defender la aplicación y reglamentación de la 10/16
La plataforma espera respuesta del resto de grupos a la petición de reunión urgente antes de arrancar una campaña de movilizaciones y acciones para denunciar la situación y a sus responsables.
Comunicado 4 de julio de 2020
El pasado 30 de junio Stop Desahucios Zaragoza realizó un llamamiento desesperado a los grupos de las Cortes de Aragón para mantener una reunión de urgencia. La apertura de los juzgados el pasado día 4 de junio está teniendo unas consecuencias terribles para las familias más vulnerables en materia de vivienda tal como denunciamos las plataformas de vivienda y el Plan de Choque Social. Además las perspectivas de profundización de la crisis anuncian que muchas familias que hasta ahora pagaban a duras penas sus alquileres e hipotecas no podrán hacerlo, de hecho ya hay muchas que no pueden hacer frente a las pagos.
El 26 de junio paralizamos el primer desahucio en Zaragoza. El de Esperanza y sus tres hijos menores de edad en el barrio de Torrero, conocido ya como #EsperanzaSeQueda. Esperanza reside en una vivienda ocupada de la SAREB como muchas otras familias en exclusión residencial de la ciudad. Una situación de ensañamiento que continúa, ya que el juzgado decretó un nuevo desalojo forzoso con una horquilla de 10 días para su materialización. Algo que no tiene otro sentido que dificultar la solidaridad y el apoyo. En contraste a tanta oscuridad, la luz la aportan decenas de personas que por turnos han establecido un dispositivo de ayuda y presencia permanente en el domicilio de Esperanza. Seguimos sin respuesta de ninguna administración pública: ni regularización, ni alternativa habitacional. A Esperanza se le hacen largos los días, pero mucho más las noches. Cuando hablamos de terror, cuando hablamos de vulneración de los Derechos Humanos hablamos precisamente de esto. Es horroroso y evitable.
Apelamos a la responsabilidad de quienes ejercen la representación pública.
Todas las administraciones públicas y los poderes del estado tienen una enorme responsabilidad en detener el cataclismo social que puede suponer la pérdida masiva de sus hogares por amplias capas de la población. Y la primera responsabilidad es de Gobierno de Aragón que ejerce las competencias de vivienda, y además tiene a su disposición herramientas legales y presupuesto para poder actuar de forma responsable antes de que se multipliquen las vulneraciones de los Derechos Humanos.
Las plataformas, como Stop Desahucios, no podemos hacer frente en solitario a lo que viene. No podremos taponar todas las hemorragias, ni ponernos en las puertas de todas las casas. Las administraciones públicas tienen que asumir su responsabilidad y eso les estamos demandando.
Aragón dispone desde 2016 de la conocida como Ley 10/16, una ley que entre otros muchos asuntos protege a las familias aragonesas frente a los desahucios reconociendo su derecho a una alternativa habitacional. Esta norma, de la que nos felicitamos en su momento, fue producto de una campaña de movilización popular que culminó en 2015 y que logró el compromiso de una buena parte de las formaciones políticas con representación en las Cortes de Aragón, que se plasmó en la firma del “compromiso Aragón sin desahucios” ante la atenta mirada de cientos de familias afectadas por desahucios y activistas en el Centro Cívico de La Almozara (Zaragoza).
Sus artículos 19.1 y 19.2 permiten una protección universal de todas las familias vulnerables aragonesas. El problema: que Gobierno de Aragón no aplica estos artículos y mantiene vigente el “Convenio de Rudi” (Gobierno de Aragón, CGPJ y FAMCP) de 2012 que es muy excluyente y además no tiene rango de ley. Algo que resulta llamativo y que debería de ser denunciado por todos los operadores judiciales.
A los grupos de las Cortes de Aragón les hemos solicitado una reunión urgente como un ámbito de colaboración, pero también como una única oportunidad. Nos cansamos de repetir que los Derechos Humanos no son negociables y nos gustaría que las administraciones públicas aragonesas fueran un aliado en la erradicación de la violencia institucional que suponen los desalojos forzosos de familias vulnerables.
Primeras reuniones
Hasta el momento unicamente los grupos en las Cortes de Aragón de Podemos e Izquierda Unida han respondido a nuestra petición y queremos agradecer la premura con la que nos propusieron una cita. La delegación de Stop Desahucios fue encabezada por Esperanza y Husein -en representación de varias familias refugiadas con desahucios encima de la mesa-. El 2 de junio nos recibió Marta Prades (Podemos) y el 3 de junio Álvaro Sanz (Izquierda Unida). Ambas reuniones se realizaron en un buen ambiente pese a la dureza de lo que se les transmitió. Les pudimos trasladar nuestra preocupación por la situación así como nuestra intención de señalar a quienes teniendo responsabilidades públicas decidan mirar hacia otro lado.
Ambos grupos parlamentarios nos trasladaron su intención de unirse al llamamiento para que Gobierno de Aragón aplique la 10/16 y se dote de medios suficientes a las políticas de vivienda para hacer frente a la emergencia que ya existe y a la que viene. Stop Desahucios, y el resto de plataformas, no buscamos enemigos en las instituciones para la causa de la vivienda digna. Al contrario, necesitamos aliados en las mismas. El posicionamiento público de ambos grupos (Podemos e Izquierda Unida) tiene un gran valor y esperamos que sea el primero de otros posicionamientos al lado de los Derechos Humanos y la población más vulnerable, que nos permitan un compromiso mayoritario en las Cortes de Aragón en favor del derecho a una vivienda digna.
Cumplir con lo comprometido
Esperamos con especial atención una posible respuesta de PSOE y CHA. Les recordamos que en 2015 ya firmaron el acuerdo “Aragón sin desahucios” y precisamente la Ley 10/16 formaba parte del mismo. Desde su aprobación en 2016 ha pasado tiempo más que suficiente para aplicarla como ya hemos explicado en el caso de la obligatoriedad de la alternativa habitacional y también para reglamentar algunos de sus principales artículos. Como el artículo 24 que dispone la “cesión obligatoria de uso” de los pisos vacíos en manos del sector financiero procedentes de ejecuciones hipotecarias que permitiría aumentar el parque de vivienda gestionado por las administraciones públicas. En estos 3 años de retraso de reglamentación las entidades financieras, entre ellas Ibercaja, han traspasado la inmensa mayoría de sus activos a fondos buitre y especuladores locales. No olvidamos tampoco el recurso del Gobierno de Rajoy contra este y otros articulados de la norma, pero eso no ha sido -y ahora menos- excusa para cumplir una norma vigente. Hoy en medio de una nueva crisis sería el momento de un compromiso por parte de todos los grupos de una reglamentación urgente de este artículo, especialmente aquellos con responsabilidades de gobierno y quienes en 2015 (¡hace 5 años!) ya se comprometieron a cumplir el compromiso de un Aragón libre de desahucios.
Reiteramos nuestra mano tendida, de la misma forma en que recordamos que de no detenerse situaciones como las de #EsperanzaSeQueda señalaremos a aquellos y aquellas representantes públicos que no se mojan hasta mancharse por el respeto de los derechos más elementales y contra el terror social que suponen los desahucios.
Moratoria de desahucios
A nivel estatal, junto a otras muchas plataformas y el Plan de Choque Social, hemos exigido al Gobierno de España una moratoria de desahucios mientras las autoridades competentes (las Comunidades Autónomas) garantizan la aplicación de medidas e inversión presupuestaria suficiente para hacer frente a la emergencia habitacional que nos viene y en la que ya estamos inmersos e inmersas. Nos comprometemos a continuar participando en cuantas movilizaciones se realicen para exigir esta medida urgente e imprescindible.
Descarga aquí la Ley 10/16.
En el comunicado hemos hablado de los artículos 19.1 y 19.2, así como del artículo 24.
STOP DESAHUCIOS ZARAGOZA 