Rueda de prensa ante la situación de emergencia, PAH y Stop Desahucios

Comunicado de las Plataformas de Afectados por la Hipoteca y Stop Desahucios de Aragón

Con el presente comunicado las PAHs y Stop Desahucios de Aragón queremos hacer pública la decisión adoptada en asamblea celebrada el pasado 12 de mayo de preparar acciones conjuntas ante la situación de emergencia habitacional.

Hace tres años el 28 de abril de 2015 dentro de la segunda fase de la campaña Aragón sin Desahucios se celebró un acto público de compromiso por parte de las fuerzas políticas PSOE, Podemos, IU, CHA, Puyalon de Cuchas, FIA y Equo con el Decreto Aragonés de Vivienda. En la campaña denunciábamos la situación de emergencia habitacional que sufrían miles de familias en nuestra comunidad autónoma, así como las insuficientes y restrictivas medidas que desde los Gobiernos Central y de Aragón se estaban tomando ante la misma.

Tras las elecciones municipales y autonómicas se conformó un nuevo Gobierno Autonómico y el 15 de diciembre de ese mismo año se aprobaba el Decreto Ley 3/2015 del Gobierno de Aragón, de medidas urgentes de emergencia social en materia de prestaciones económicas de carácter social, pobreza energética y acceso a la vivienda, que recogía alguna de las reivindicaciones de la campaña y más tarde en la ley 10/2016 de 1 de diciembre de medidas de emergencia en relación con las prestaciones económicas del sistema Público de Servicios sociales y con el acceso a la vivienda en la Comunidad Autónoma de Aragón, establecía medidas en materia de vivienda que recogían las del Decreto Ley 3/2015.

Entre los compromisos adquiridos por los partidos firmantes el 28 de abril de 2015 estaba el de someterse a la verificación por parte de las plataformas aragonesas del cumplimiento de lo firmado. Ha pasado un año y medio desde que se aprobara la Ley 10/2016 sin que ni esta ni el Decreto anterior se haya llevado a la práctica. La solución a las familias ante un desahucio continúa siendo a través del Convenio puesto en marcha por el Gobierno del PP en el año 2013 con todas sus deficiencias. Mientras tanto el número de desahucios se ha cronificado y en algunos casos como en los desahucios por impago de alquiler han ido en aumento, alcanzando los 1789 desahucios en Aragón en 2017, cifra superior a los años anteriores y que iguala las cifras del año 2013, a nivel estatal se han superado los 700.000 desahucios. Esto unido a la tendencia al alza de los precios del alquiler y el insuficiente parque público de vivienda social está generando un aumento importante de exclusión residencial. Son cada vez más las familias apuntadas en los registros de solicitud de vivienda social que no pueden comprar ni alquilar en el mercado de la vivienda.

Por su parte el Gobierno Central aprobaba el pasado 9 de marzo el Plan Estatal de Vivienda que de nuevo supone una burla a la ciudadanía. El presupuesto del nuevo plan supone un 43% menos que el anterior que a su vez ya era un 86% menos que el de 2009-2012. El modelo que plantea es el de la vivienda como negocio y vuelve a incentivar políticas de compra. Para fomentar el alquiler plantea un negocio redondo para las constructoras que van a ver subvencionadas casi en un 100% la construcción de las viviendas a cambio de mantenerlas en alquiler durante 25 años. Por otro lado, las ayudas al alquiler tal y como están planteadas fomentan la subida de los precios.

El 10 de enero se registró ante la Mesa del Congreso de los diputados la Ley de la PAH que contiene las soluciones a esta situación, que ha sido bloqueada por el PP y ciudadanos como ya sucediera con la ILP en el 2013.

Seguimos viviendo día a día las dificultades de las familias, y casos en los que, incluso habiendo sido desahuciadas de forma dudosamente legal por la voracidad de los bancos, con Ibercaja a la cabeza, o tras una negociación de dación en pago que podría convertirse en la solución para una serie de familias, no pueden consolidarse como tal al no recibir la protección adecuada tanto por parte del Gobierno de Aragón, como por parte de los diferentes instituciones de Aragón implicados (Fraga, Zaragoza,…) que tampoco han adaptado sus normativas adecuadamente para dar cuenta de los compromisos adquiridos y que familias en situaciones flagrantes de emergencia habitacional no queden desprotegidas y abandonadas a su suerte. Sigue percibiéndose una cierta falta de transparencia en cómo nuestras instituciones distribuyen los por otra parte escasos recursos disponibles y los intereses que a veces se interponen, dificultando aún más la solución para muchas familias que se ven en la necesidad de acudir a ellas.

Por todo ello, la Coordinadora PAHs y Stop Desahucios de Aragón conscientes de la situación existente nos planteamos la necesidad continuar con acciones para exigir cambios legislativos en la ley Hipotecaria y la Ley de Arrendamientos Urbanos, así como los reglamentos municipales en materia de vivienda y la creación de un parque de viviendas suficiente para poner freno a la emergencia habitacional. Así mismo anunciamos que hemos decidido comenzar un proceso de verificación y exigencia ante el Gobierno de Aragón de cumplimiento de las garantías recogidas en las normas autonómicas, Sabemos que es posible y vamos a seguir exigiendo en las calles el cumplimiento de los compromisos adquiridos que contienen medidas irrenunciables y urgentes.

¡¡¡SI SE PUEDE!!!

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